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La Contraloría General de la República (CGR) remitió un formulario de reporte de indicios de hechos punibles contra el patrimonio, en el marco de la Resolución CGR N° 949/13 por la cual se realizó un examen especial a la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos de la Gobernación del Departamento Central, correspondiente a los ejercicios fiscales 2012 y 2013.
En fecha 13 de marzo de 2012, la Gobernación del Departamento Central contrata a la Empresa ARCÁNGEL S. A., para la provisión de productos en el marco del Sistema de Complemento Nutricional en escuelas, por un monto total de G. 13.954.969.600. El mismo fue abonado en su totalidad por la Gobernación Departamental.
En el marco del contrato, se otorgó un anticipo del 30% a la firma ARCÁNGEL S.A., porcentaje que fue descontado de las facturaciones realizadas a la firma, es decir; el monto pagado al momento de la entrega de los bienes fue con el descuento proporcional del porcentaje del anticipo.
En fecha 28 de noviembre de 2012, la empresa emite factura por una cantidad de 4.492.600 raciones de galletitas dulces fortificadas; sin embargo, del total de las raciones, a esa fecha sólo fueron entregadas 618.600 raciones. El saldo de 3.874.000 raciones, por un monto de G. 2.014.480.000, no fueron entregadas a la fecha del citado comprobante.
La factura emitida, descontado el anticipo cobrado, fue por G. 1.637.329.564, suma que fue cancelada por la Administración Departamental en dos (2) pagos en el mes de enero del año 2013.
En cuanto a las 3.874.000 raciones faltantes, según Nota de Remisión fueron entregadas a la Gobernación en fecha 14 de febrero de 2013 y recibidas por el funcionario César Caballero. Sin embargo, tras haber realizado las consultas pertinentes a la Gobernación, ésta manifiesta desconocer el destino final de las mismas y el funcionario que habría recibido los alimentos no accedió a participar de una entrevista para dilucidar el destino de los productos recibidos.
Así al no haberse acreditado la entrega de los bienes a los beneficiarios finales, es decir a las Instituciones Educativas del Departamento Central por parte de la Administración Departamental de ese entonces, tal circunstancia habría generado un perjuicio patrimonial de G. 2.014.480.000 a la Gobernación del Departamento Central.
En base a lo expuesto, la Contraloría General de la República formuló denuncia al Ministerio Público, mediante Reporte de Indicios Hechos Punibles Contra el Patrimonio.
(11-04-2017)
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